Este segundo Diálogo tuvo lugar el 26 de Septiembre, y reunió a representantes de diversas instituciones académicas y dependencias gubernamentales de la región, para intercambiar sus experiencias  relacionadas  al uso de la evidencia científica en el diseño e implementación de políticas públicas en las regiones de montaña. Se presentaron y discutieron ejemplos que van desde la colaboración con la academia en el desarrollo de planes de gestión de riesgos o de manejo de recursos en regiones de montaña, hasta las oportunidades de desarrollar incidencia en política en base a las experiencias de proyectos de desarrollo sustentable y monitoreo socio-ambiental en zonas de montañas

El evento virtual se inició con la participación de Alejandro Celli, del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), quien se refirió al papel de la evidencia científica en la gestión de riesgos, y cómo el conocimiento generado debe ser complementado con el punto de vista de las comunidades para poder formular planes de gestión territorial. “Es la sociedad la que debe decidir con cuánto riesgo quiere convivir, por eso es importante que el conocimiento se ponga a disposición de todos los actores”, apuntó. Los planes de ordenamiento territorial deben comenzar a partir de una línea base del estado del territorio, Ángel Onofa, del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador, expuso cómo se dio este proceso en la creación del Plan Nacional de Páramos en Ecuador, compartió que fue necesario convocar expertos de diversas instituciones para actualizar el conocimiento, un esfuerzo que condujo a la publicación de un libro (Páramos de Ecuador) y que tuvo como consecuencia que se incorporara a la academia en todas las etapas de formulación del Plan.

Beatriz Fuentealba, del Instituto Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM, Perú), expuso sobre la formulación de la Política de Glaciares y Ecosistemas de Montaña, un proceso en que el INAIGEM ha querido demostrar la necesidad de partir de la evidencia científica. En algunos casos (como por ejemplo en las consecuencias de la actividad minera), señaló Fuentealba, esta evidencia científica no es suficiente aún, entonces se deben hacer esfuerzos para recopilar más datos que puedan aportar al diseño de planes. La necesidad de partir de conocimiento consolidado fue también enfatizada por Maryán Sánchez, de la Universidad de Los Andes, mientras detallaba sobre los planes piloto para el manejo sustentable de los bosques Andinos que se llevan a cabo en Venezuela junto al Ministerio de Ecosocialismo.

Otro esfuerzo que se lleva a cabo en diversos países andinos es el representado por la Iniciativa Regional de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos (IMHEA), expuesto en el evento por Luis Alberto Acosta. IMHEA apuesta por la cuantificación y sistematización de la información sobre los recursos hídricos en los sistemas altoandinos a escalas suficientemente pequeñas, monitoreando y comprendiendo las cuencas de cerca, lo que ha permitido recopilar información útil para la gestión territorial.

A continuación Diego Mina, de la Fundación McKnight, expuso sobre diversos proyectos de agroecología que adelanta esta organización en Ecuador y su incidencia en políticas públicas. Partiendo de programas de ciencia ciudadana y concientización de la población, se ha logrado por ejemplo promover ordenanzas sobre el uso de herbicidas en espacios urbanos para proteger a los polinizadores; o generar información sobre el papel de las empresas de agroquímicos en el uso indebido de pesticidas, que sirve de base para prácticas de regulación ambiental. Finalmente, Luis Daniel Llambí presentó resultados sobre el monitoreo socio-ambiental en los Andes venezolanos, como parte del esfuerzo de construcción de la Red de Observatorios Socio-Ecológicos Andinos (ROSA), una iniciativa que tiene como objetivo generar y compartir conocimiento sobre el estado de los socio-ecosistemas de los Andes explícitamente orientado a incidir en las políticas públicas y pueda convertirse en un instrumento de gestión territorial.

Para cerrar el Diálogo con un espacio adicional de discusión, Karen Price, responsable de la Secretaría Técnica de la IAM, invitó a cada uno de los participantes a responder una pregunta: En base estas experiencias, ¿que consideran que se requiere para fomentar el trabajo conjunto entre las personas que aportan información y las que toman la decisión? En las respuestas, se destaca la necesidad de generar un diálogo que incluya además de la política y la ciencia, a las comunidades y sus necesidades, visiones y expectativas. Otro aspecto considerado esencial es la construcción de espacios explícitos de consulta, como se dieron en el caso de los procesos de formulación de planes de gestión territorial en Ecuador y en Colombia, que involucran desde el inicio a los investigadores, y los incorporan al equipo. Se señaló la necesidad de incorporar conocimiento que ya se tiene en los procesos de gestión, que los responsables de políticas sepan formular las preguntas relevantes, para las que los investigadores tal vez ya tienen respuestas. Y varios participantes apuntaron la importancia de la evaluación y seguimiento de los resultados, de modo que el monitoreo se integre a la gestión del territorio: el proceso de generar conocimiento útil para las políticas públicas debe ser continuo en el tiempo.